Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron en Medellín a Francisco Javier Martínez Ardila, alias ‘Pacho Malo’, quien se desempeñaba como coordinador del CTI de Buenaventura.
Según las autoridades, Martínez estaría involucrado en una red de contrabando que operaba entre Buenaventura, Medellín y Bogotá, y que tendría nexos con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Los presuntos delitos de ‘Pacho Malo’:
Alias ‘Pacho Malo’ habría sido capturado por el delito de concierto para delinquir y tendría una red de contrabando entre Buenaventura, Medellín y Bogotá.
En investigación de la Revista RAYA y RTVC Noticias, se muestra evidencia sobre ‘Pacho Malo’, como el dinamizador del narcotráfico en uno de los puertos más importantes del país.
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Según lo revelado, la fiscal encargada de la nación, Martha Mancera, estaría encubriendo a Pacho Malo, revelación que consta en un documento y que indica que ‘Pacho Malo’ «tiene el control total del puerto de Buenaventura» para actividades delictivas.
La captura de ‘Pacho Malo’ se produce en medio de la polémica por la elección del nuevo fiscal general de la Nación, que debe realizarse por parte de la Corte Suprema de Justicia de terna presentada por el presidente desde el mes de octubre de 2023.
El presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado la independencia y la transparencia de la Fiscalía, se refirió al caso en su red social X y afirmó: “Me parece un buen paso en la Fiscalía que comience el desmonte de la red narcotraficante que controla varias de sus secciones. La Fiscalía no puede estar en manos del crimen”.
Entre las candidatas a ocupar el cargo de fiscal general se encuentran Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra, todas mujeres con experiencia en el ámbito judicial.
La elección del fiscal general es una de las más importantes para el país, ya que el titular de este órgano tiene la responsabilidad de investigar y acusar a los presuntos responsables de delitos que afectan la seguridad, la convivencia, el orden público y el patrimonio de los colombianos.
Asimismo, el fiscal general debe garantizar el acceso a la justicia, el respeto al debido proceso, la protección de las víctimas y la cooperación con otras instituciones del Estado y de la comunidad internacional.