Procuraduría pidió pronunciamiento del Idesan y la gobernación de Santander frente a denuncias interpuestas a licitación por más de $26 mil millones para mejoramiento de vías
En carta enviada a la Secretaría de Infraestructura Departamental de Santander, la Procuraduría General de la Nación solicitó responder de fondo las denuncias interpuestas por el Comité de Transparencia por Santander a la Licitación Pública IT-LP-21-01 para la construcción y mejoramiento de vías secundarias, por más de $26 mil millones.
Con el mismo propósito, la PGN solicitó al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (IDESAN), informar con carácter urgente si el proceso licitatorio IDE-LP-001-2021 es el mismo que hoy se denomina IT-LP-21- 01 y enviar un informe con los debidos soportes documentales en el que se describan las actuaciones adelantadas para dar continuidad a la contratación de las obras.
El ente de control también ofició a la Fiscalía Seccional de Santander para consultar el avance de la denuncia radicada por tres miembros del comité evaluador del IDESAN por inconsistencias en la evaluación de las propuestas dentro del proceso licitatorio IDE-LP-001-2021.
Al parecer, este proceso contractual es el mismo que fue asumido por la Gobernación IT-LP-21-01 tras haber sido declarado desierto por presentar similares irregularidades, razón por la cual, la Procuraduría Regional de Santander inició una acción preventiva que actualmente se encuentra activa.
Según lo expuesto por Comité de Transparencia de Santander, en la audiencia de adjudicación virtual de la IT-LP-21-01 se descalificaron las ofertas de proponentes que participaron en el proceso contractual por no presentar el paz y salvo de seguridad social, a pesar de que este documento no fue exigido como requisito en el pliego de condiciones.
El actual gobernador Mauricio Aguilar ha sido cuestionado ampliamente por diferentes procesos contractuales en los que presuntamente hay evidencias de favorecimiento a personas allegadas a él, Entre otros el diputado Arly Sierra de la Alianza Verde, ha denunciado los contratos suscritos entre la Gobernación y el Canal TRO en 2020 y 2021 que tienen un valor de $2.750 millones y $5.843 millones. Según señala la denuncia, uno de los contratos suscritos por la Gobernación, a través del TRO, en el 2020, se dio con la empresa SEGA Y MAPA SAS. Esta empresa, de acuerdo con Sierra, pertenece a Marta Patricia Pardo y Sergio Eduardo García, padrinos de matrimonio del actual gobernador de Santander y de la primera dama del departamento, Jenny Sarmiento.
El diputado ha denunciado que a través de SEGA Y MAPA SAS contrataron, entre otros, a la influenciadora Laura García, hija de Sergio Eduardo García, para que publicara videos en Instagram y así impulsar la imagen de la Gobernación y el departamento. El contrato para requerir a Laura García como influenciadora, habría tenido un costo de $8 millones en el 2020 y su renovación en 2021 tuvo un valor de $42 millones.
De la misma manera ha sido objeto de amplia sospecha la licitación de las obras de la doble calzada La Virgen- La Cemento y Palenque – Café Madrid, donde se excluyó a la mayoría de proponentes descalificándolos por razones que no estaban definidas en los pliegos, la Procuraduría General de la Nación también adelanta proceso con relación a este caso.
A los anteriores casos se le suma la contratación del abogado Iván Alfonso Cancino González por valor de más de cien millones de pesos con dineros de la gobernación y quien además de manera coincidencial es el defensor del exgobernador de Santander y excongresista de Cambio Radical, Richard Aguilar el cual renunció a su curul en el senado luego ser arrestado por el caso de las coimas en contratos durante su periodo como gobernador de Santander.
Es importante recordar que Mauricio Aguilar es hijo del excoronel y exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar actualmente preso por sus vínculos con el paramilitarismo y por haber incumplido los compromisos para reparar a las víctimas, quien está recluido en el Batallón de Artillería No. 13 de Bogotá, y también es hermano del exsenador de Cambio Radical y exgobernador de Santander Richard Aguilar también privado de la libertad y recluido en el mismo sitio que su padre.
